El régimen legal de la sociedad de bienes gananciales es el que por disposición expresa de ley rige el destino y distribución de los bienes de los cónyuges. La deseabilidad de este sistema económico primario matrimonial se transluce del extenso y detallado articulado de nuestro Código Civil que delinea los perfiles de la sociedad legal de bienes gananciales como figura jurídica. Sin embargo, existe una alternativa al régimen de la sociedad legal de bienes gananciales: las capitulaciones matrimoniales.

   En las escrituras de capitulaciones matrimoniales se permite regular lo siguiente: (i) los derechos de los esposos sobre sus respectivos bienes; (ii) los derechos sobre las ganancias realizadas por ellos durante el matrimonio; (iii) los intereses de los hijos y de la familia; (iv) los intereses de los terceros que contratan los unos con los otros de los esposos; y (v) el interés económico y social de la relación del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales pueden tener acuerdos relativos a la gestión por cada uno de los esposos de sus bienes propios, y a la intervención en los del otro, y establecer donaciones a razón del matrimonio.  

   Antes de adquirir un bien inmueble, es de vital importancia que se le suministre al Notario Público una copia de la escritura de capitulaciones matrimoniales, previo al otorgamiento de la escritura de compraventa, con el propósito de que este pueda analizar los acuerdos establecidos en la misma y que de esa manera la transacción se pueda llevar a cabo sin violentar los pactos allí establecidos.

   Las prácticas indeseables en el negocio de la construcción se encuentran enumeradas en el artículo 9 de la Ley Núm. 130. Entre otras cosas, los incisos (c) y (d) establecen que incurrirá en práctica indeseable en el negocio de la construcción, todo urbanizador o constructor que: (1) altere o modifique los planos de una vivienda o modelo aprobado por ARPE o la Junta de Planificación; y/o (2) certifique o haga certificar falsamente que una vivienda o grupo de viviendas, urbanización o proyecto multifamiliar ha sido construido con arreglo a los planos aprobados por la Junta de Planificación o por ARPE.

   Posteriormente, mediante la Ley Núm. 160 del 9 de junio de 1976, se enmendó la Ley 130 para  establecer  que toda vez que las facultades del Oficial de Construcción habían sido transferidas al Secretario del DACO, la adjudicación de las querellas sobre prácticas indeseables en el negocio de la construcción presentadas por los consumidores se llevará a cabo según se dispone en la ley habilitadora de DACO, para los demás procedimientos adjudicativos presentados ante dicho organismo.

   A su vez, el Reglamento para Regular las Distintas Actividades que se llevan a cabo en el Negocio de la Construcción, el Reglamento Núm. 2268, aprobado por DACO, faculta al Secretario de dicha agencia a investigar y adjudicar las querellas radicadas sobre prácticas indeseables en el negocio de la construcción. Entre otras, dicho Reglamento establece como prácticas indeseables de la profesión las mencionadas en la Ley 130.

   El Tribunal Supremo de Puerto Rico en múltiples ocasiones ha establecido que como parte de los amplios poderes que tiene DACO para proteger los derechos de los consumidores se encuentra, en específico, la protección de éstos contra prácticas indeseables de la construcción por parte de los constructores y urbanizadores y la concesión de los remedios que en derecho procedan. Al esta agencia ejercer esa facultad, adelanta los intereses de su ley habilitadora, que se sintetiza en el deseo de proteger a los consumidores de las prácticas indeseables por parte de los constructores y de proveer un remedio rápido, efectivo y sencillo, sin tener que recurrir a los tribunales y sufragar los costos de un litigio.

   La fe pública notarial le impone al notario el deber de ser diligente en su gestión y de asegurarse de cumplir con todas las solemnidades de ley al autorizar documentos públicos. La fe pública del notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función, personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento.

   La certificación de un hecho falso por el notario autorizante constituye un acto detrimental a la fe pública. Por ello constituye una de las faltas más graves que puede cometer un notario, el faltar a la veracidad de los hechos. El notario público que falta a la verdad en el otorgamiento de un instrumen to público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino que socava la integridad de la profesión legal y viola su deber de ser sincero y honrado, según dispuesto en el Código de Ética Profesional.

   El notario que autoriza el otorgamiento de una escritura, en cumplimiento de las responsabilidades atenientes a la profesión, tiene el deber de realizar la averiguaciones mínimas que requieren las normas de la profesión.  En lo referente a dichas averiguaciones mínimas el Tribunal en más de una ocasión ha expresado que el notario que autoriza una escritura no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual las partes otorgan una escritura a la fecha del otorgamiento, ya que esto es obligación indeclinable de su función primaria de custodio de la fe pública, base esencial del sistema de notariado. Tiene además que ilustrar a los otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial en un estado de conciencia informada.

   El notario que autorice una escritura de compraventa y haga constar en la misma que la propiedad se halla libre de cargas y gravámenes, viola la fe notarial cuando gravámenes, viola la fe notarial cuando este hecho es contrario a la realidad registral. El notario viola la fe pública notarial al no hacer un estudio de título en el Registro de la Propiedad y proceder a preparar y autorizar una escritura, dando fe de hechos que no coinciden con la realidad registral.